La "Seguridad alimentaria", es un derecho de todos los consumidores reconocido en la Declaración universal de los derechos humanos y por la Constitución española. La Unión Europea, las autoridades sanitarias y las de cada uno de los países miembros tienen él deber de proteger la salud de los consumidores y velar por la seguridad de los alimentos.
También es un deber de los sectores productivos, empresas transformadoras y comercial, que comparten la responsabilidad de alcanzar las máximas garantías de seguridad.
La producción y el consumo de alimentos son esenciales en cualquier sociedad y tienen repercusiones económicas, sociales y medio ambientales.
La protección de la salud es siempre prioritaria por lo que se debe tener en cuenta en el desarrollo de la política alimentaria.
La importancia de la seguridad de los alimentos debe ser uno de los principales intereses del conjunto de la sociedad, de los poderes públicos y los productores del sector.
Los consumidores deben de tener acceso a una amplia gama de productos seguros y de elevada calidad.
Los avances agrícolas y de transformación de alimentos, como los nuevos patrones de manipulación y distribución hacen necesario un nuevo planteamiento de las normas actuales y de los sistemas de control de la cadena de alimentación que va desde la "granja a la mesa". Las emergencias actuales han puesto de manifiesto las deficiencias que exigen medidas por parte de las autoridades responsables.
Provocado por las crisis actuales y las medidas tomadas para la erradicación de los problemas de salud pública, podemos garantizar que en la actualidad existen más controles de garantías sanitarias.
Desde CAVE, como consumidores hemos participando proponiendo nuestro plan de prevención desde el comienzo de la segunda crisis del " Mal de las Vacas Locas" el cual propusimos a las autoridades competentes.