INTRODUCCIÓN
Resulta complicado definir la estrategia oficial del Estado con respecto a la inmigración. Por un lado se dictan normativas que en apariencia ayudan a la integración social y penalizan las actitudes discriminatorias. Se promueven campañas de concienciación y se apoyan las iniciativas sociales (de ONG´s y similares) dirigidas en este sentido.
Sin embargo, y por otro lado, da la impresión de que en algunas ocasiones se afronta la inmigración desde un punto de vista negativo; como un problema. Con más influencia policial y de control (Ministerio del Interior), que de asistencia social e integración (Ministerio de Asuntos Sociales)
Se echa de menos una mayor flexibilidad en algunos asuntos en los que priman los principios legales sobre los humanitarios. La reagrupación familiar o el trato que reciben los inmigrantes que se juegan la vida en el Estrecho, son claros ejemplos de las deficiencias que hay en el haber de la Administración.
En otro orden de cosas, resulta indudable que la política exterior común que se dicta desde Bruselas, pone en ocasiones a España en una situación difícil e incómoda. En cierto modo somos el gendarme de Europa, que ha de vigilar la puerta trasera del edificio de la Unión. Si esta tarea resulta poco <<amigable>> para nuestros vecinos del sur, la existencia de las ciudades de Ceuta y Melilla, y sus particulares circunstancias, aumentan lo espinoso de la misión encomendada.
Algo parecido ocurre en relación a Iberoamérica. El estricto control que se lleva respecto a los inmigrantes que de allí provienen, resulta chocante, tanto desde el punto de vista cultural, como desde el histórico.
En este apartado evitaremos hacer consideraciones de valor, respecto a la política llevada a cabo tanto por la Administración Central, como las Autonómicas y locales. Nos ceñiremos a rescatar aquellas reseñas de prensa, que sobre la actualidad de las instituciones y su relación con el fenómeno de la inmigración y el problema del racismo, han sido publicadas durante el último trimestre de 1.997.
