Cocapress
Boletín Internacional
Coca, Drogas y Desarrollo Sostenible
Nº 6 - Del 15 al 24 de febrero de 1996 - Cochabamba - Bolivia
- Los campesinos productores de coca invitaron al ministro de Gobierno, Carlos
Sánchez Berzain, a que visite la región del Chapare y compruebe
personalmente los abusos y la erradicación forzosa de cocales que
realizan los efectivos policiales de la Unidad Móvil para el Patrullaje
Rural (UMOPAR). (El Deber, 22,/02)
- El Ministro, a su vez, acuso a los cocaleros de mentir a la opinión
publica y afirmo que el desarrollo alternativo es exitoso y que el gobierno, el
pasado año, gasto mas de $US 25.000.000 para ese fin. (La Razón,
23/02) En ese sentido, el gobierno ha declarado a 1.996 "Año del
Desarrollo Alternativo", criterio no compartido por el dirigente cocalero Evo
Morales quien afirmo que 1.996, será mas bien el "Año de la
Erradicación Forzosa". "Mientras no se revisen las políticas
macroeconómicas será imposible que exista un producto
agrícola que sustituya la economía de la hoja de coca", declaro
Morales, añadiendo que hay "una mala concepción sobre el
desarrollo alternativo, porque una posta sanitaria no se puede vender ni
comer". (Opinión, 17/02)
- De esta manera, los alcaldes de la región del Chapare, quienes
pertenecen al partido Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP),
acordaron emprender esfuerzos para industrializar y comercializar la hoja de
coca. El alcalde de Villa Tunari, Felipe Cáceres, dijo que la coca seguirá siendo la principal fuente de
ingresos económicos de los campesinos de esa región y que, en
coordinación con los sindicatos, se buscara legalizar los cultivos.
(Primera Plana, 16/02)
- En Washington, la organización internacional Human Rights Watch/
Américas, denuncio la continua violación de los derechos humanos
que sufren los campesinos productores de coca en el Chapare. Uno de los
directores de la organización, Miguel Vivanco, acuso a la policía
antidroga boliviana de reprimir inocentes y cometer atropellos, y aseguro que
los efectivos responsables por estos abusos no responden por sus actos ante
nadie. (Primera Plana, 22/02)
- Estas denuncias, resultado de una investigación de esa
organización en el Chapare, fueron respondidas inmediatamente por
autoridades del gobierno. El embajador de Bolivia en los Estados Unidos,
Fernando Cossio, justifico la violencia policial ejercida contra los cocaleros,
argumentando que esta era una respuesta de los efectivos a los "ataques a tiros
que recibían de los habitantes de esa región". (El Diario,
23/02)
- Por su parte, el ministro de Justicia, Rene Blattmann declaro: "No somos un pueblo violador de los derechos humanos", y aseguro que las denuncias sobre estas violaciones no corresponden a la realidad puesto que están basadas
en información muy sesgada" (Ultima Hora, 23/02)
- Estados Unidos esta dispuesto a enviar tropas a Brasil dentro de un programa de entrenamiento contra el trafico de drogas y armas que se impartirá a las Fuerzas Armadas brasileñas, revelo el director para Asuntos de Narcóticos de la embajada norteamericana en Brasilia, Arthur Muirhead.
Este asunto, sin embargo, ha sido tratado con reserva por los militares
brasileños, por temor a que las autoridades estadounidenses interfieran "exageradamente" en los asuntos
internos del país. Aunque Brasil no lo ha solicitado formalmente, el gobierno norteamericano declaro que esta dispuesto incluso "a enviar tropas especializadas en patrullaje de fronteras, como ya lo ha hecho en otros países de América Latina". (Los Tiempos, 18/02)
- En otra noticia, la situación en Colombia continua tensa. Una misteriosa
testigo de la Drug Enforcement Administration (DEA), conocida como
"María", revelo que el presidente colombiano Ernesto Samper,
recibió personalmente de manos del narcotraficante Miguel
Rodríguez Orejuela, $US 400.000. La informante señaló que
Samper "insistió en recibir personalmente el aporte del cartel de Cali"
y entonces el dinero le fue entregado "en seis maletines de colores café
y negro, tipo ejecutivo". (Primera Plana, 23/02)
- Por otra parte, el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad de Florida, Terry McCoy, opino en una columna del diario Wall
Street Journal, que la guerra a las drogas en Colombia se libra vigorosamente,
y que una descertificación lisa y llana minaría los esfuerzos de
ese país. El funcionario argumento, por la historia colombiana de
inestabilidad civil y violencia política, que la imposición de
sanciones puede provocar el colapso del orden publico y conducir a la
intervención militar. (Ultima Hora, 24/02)
- Los Derechos Humanos y la certificación estadounidense pasaron a la orden del día. Como ya es costumbre en el tema de la Guerra a las Drogas, se destacan las versiones contrapuestas. Por una parte, en Washington, la organización Américas Watch, acuso a las fuerzas antidroga bolivianas de violar los derechos humanos de los cultivadores del
trópico cochabambino, cosa que desde la perspectiva del Embajador
estadounidense Curtis Kamman, en La Paz, no le preocupa a la Casa Blanca. Por
otra parte, el Canciller boliviano, Antonio Aranibar y el Ministro de Justicia,
Rene Blattman, negaron rotundamente la validez de las denuncias y acusaciones.
Fuera de la veracidad o falta de veracidad de las distintas fuentes, el
meollo del asunto, a largo plazo, tiene mucho que ver con la sostenida
aplicación de la Ley 1008 cuya vigencia, por la vía de los
hechos, ha sido de cierto modo ratificada por la Ley de Fianza Juratoria.
Además se perfila una reestructuración de la FELCN según
los lineamientos "estrictos" de la misma Ley 1008, con todos sus defectos y
pocas virtudes. Parece que, al margen del espacio que abren las insuficiencias
legales al abuso de poder, habría que poner coto en algunos casos a la
impunidad. Para solucionar un problema, sin embargo, hace falta primero
reconocerlo.
A lo anterior se suma la reiterada presión de la diplomacia
estadounidense de la certificación, cuya naturaleza unilateral es motivo
de disgusto generalizado entre la ciudadanía de los países
afectados. No obstante, a nivel de funcionarios de Estado, se distinguen las
reacciones oficiales airadas de México y Colombia, de la
aceptación resignada y complaciente de Bolivia. Desde la óptica
de Washington, los países del hemisferio deben cumplir y hacer cumplir
contra viento y marea lo que marcan las leyes vigentes antinarcóticos,
empezando con los que la implementan. Seria quizá un comportamiento
ejemplarizador, el que los Estados Unidos se abocaran con el mismo
empeño a respetar el Derecho Internacional, que claramente establece los
principios de la no intervención en los asuntos internos de las naciones
y el respeto a la autodeterminación.
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