Cocapress
Boletín Internacional
Coca, Drogas y Desarrollo Sostenible
Nº 3 - Del 20 al 31 de enero 1996 - Cochabamba - Bolivia
- Desconociendo el principio de la responsabilidad compartida en la lucha al narcotráfico, los Estados Unidos anunciaron una drástica reducción de su apoyo económico a Bolivia para 1996.
"Tendremos que hacer el esfuerzo de dedicar nuestros propios recursos a la erradicación de cocales", expreso el Secretario de Hacienda, Gonzalo Afcha. El Poder Ejecutivo ya determino que este año se erradicaran 5.400 hectáreas de coca excedentaria, en vez de las 6.000 previstas inicialmente. (La Razón, 27/01)
- Ante la posibilidad de una "descertificación" de los Estados Unidos y sin contar ya con la asistencia económica norteamericana para la erradicación de los cultivos de coca, el gobierno ha anunciado que los costos de la erradicación serán cubiertos con el dinero proveniente de los impuestos de los ciudadanos bolivianos.
Los partidos políticos de la oposición y de la misma
coalición gobernante han hecho conocer su desacuerdo con esa medida. Asimismo, el dirigente de los productores de coca, Evo Morales, lanzo un clamoroso llamado a los trabajadores y al pueblo en general para que no permitan que sus impuestos sean utilizados en la erradicación forzosa de coca, ya que eso significaría apoyar las acciones "genocidas" del gobierno. (La Razón, 28/01)
- Mientras tanto, continua la erradicación forzosa en la localidad de Chipiriri, en el Chapare. Unos 150 efectivos de fuerzas combinadas de UMOPAR, la Policía Ecológica, DINACO y DIRECO, asistidos por dos helicópteros y vehículos de asalto, irrumpieron en el Sindicato Ilibulo Alto de la Central Chipiriri, para proceder de manera inconsulta con la erradicación de 20 hectáreas de cultivos de coca. Los efectivos policiales también tomaron por asalto el mercado primario de coca de esa región. (Primera Plana, 30/01)
- Asimismo, se informo oficialmente que UMOPAR ha intensificado sus acciones de interdicción en el Chapare, con el apoyo de la Unidad de Policía Ecológica (UPE), el Grupo Especial de Seguridad (GES) y una sección de UMOPAR La Paz. (Opinión, 28/01)
- El informe de la Comisión Parlamentaria que investiga el caso del
"narcoavión" sigue en suspenso. La discusión sobre la
culpabilidad o no del Secretario Nacional de Defensa Social, Víctor Hugo Canelas, ha trabado la redacción de las conclusiones y el requerimiento final. (Presencia, 20/01)
- Parlamentarios de la oposición coinciden en señalar la responsabilidad de Canelas, principal autoridad de la lucha antidroga, en la salida del avión con mas de cuatro toneladas de cocaína del aeropuerto de La Paz, pero los parlamentarios oficialistas rechazan esa conclusión.
Sin embargo, a pesar de las divergencias en torno a Canelas, existe consenso en otros aspectos de la investigación. La Comisión ha constatado la excesiva dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) a la DEA. Se evidencio que la comandancia de la FELCN desconocía toda información referente a operativos y a labores de Inteligencia de las unidades a su mando, puesto que sus subalternos, responsables del Departamento II de Inteligencia y de la Oficina de Control de Químicos (OCIAQ) se reportaban directamente a los oficiales de la DEA, antes que a sus mandos naturales. (Hoy, 24/01)
- El mismo Jefe de Inteligencia de la FELCN, Cnl. Gonzalo Butrón, ha
declarado que la DEA decidió hacer "estallar" el caso del
narcoavión en el Perú y fue por esa razón que le
restringió la información a la FELCN. (Ultima Hora, 26/01)
- Por otra parte, en el marco de la lucha al narcotráfico, el Fiscal
General de la República, Oscar Crespo, ha anunciado que los fiscales
antidroga dejaran de percibir salario de los Estados Unidos a partir de este
año.
Los 30 fiscales de sustancias controladas del país, que recibían
$US. 1.200.- mensuales como bonificación de parte del gobierno norteamericano, ahora
serán incorporados al presupuesto nacional. La medida se asumió
para evitar presiones y condicionamientos extrajudiciales de organismos
foráneos. Según Crespo, el Ministerio Publico tiene que ser
auténticamente independiente y libre de toda sospecha maliciosa.
(Presencia, 30/01)
- Mientras en Perú la caída del precio de la coca y sus derivados
esta generando un escenario de pobreza, Chile corre el riesgo de convertirse en
el centro latinoamericano de lavado de dinero proveniente del
narcotráfico.
Según un informe de la ONU, las operaciones del narcotráfico pueden camuflarse entre las manifestaciones del crecimiento productivo financiero, que situó en 1995 a la economía chilena a la vanguardia de América Latina. (Primera Plana, 24/01)
- Continua la crisis en Colombia. Según un informe del Washington Post, el ex-contador del cartel de Cali, el chileno Guillermo Pallomari, estaría descifrando para las autoridades norteamericanas datos archivados en computadoras que implican en el narcotráfico a miembros del gobierno, de las Fuerzas Armadas y hasta de la farándula colombiana. (El Mundo, 29/01)
- Asimismo, el gobierno norteamericano continua insistiendo a Colombia para restablecer la extradición, a pesar de encontrarse prohibida esta medida
legal en la Constitución colombiana.
En referencia a la certificación que otorga Estados Unidos a los
países por su lucha antidrogas, el presidente Ernesto Samper ha
declarado que Colombia "ya es grande como para que le pongan exámenes
cada año" (Los Tiempos, 23/01)
- La certificación norteamericana puede convertirse en un instrumento de
presión también para México. Dos senadores norteamericanos
han propuesto la imposición de condicionamientos al gobierno mexicano si
es que este no asume las medidas requeridas para la lucha al
narcotráfico, entre ellas, la extradición.
- Se agudizaron estos días los conflictos entre cocaleros y el gobierno
boliviano, en la medida en que este ultimo se aprestaba a negociar con EE.UU.
una restitución de los programas de apoyo a la erradicación de
cocales. Ante la suspensión de la ayuda estadounidense para este
propósito y la amenaza latente de "descertificación", partidos
políticos oficialistas y de oposición demandaron a EE.UU. asumir el principio de "responsabilidad compartida" en la
lucha contra las drogas. En este contexto el Ministro de Gobierno, Carlos
Sánchez Berzain viajo a Washington con un juego de cartas caracterizado
por una línea dura hacia los productores campesinos.
- Saldo de dicha línea dura: 19 heridos y mas de 150 detenidos en
violentos enfrentamientos en el Chapare y cercanías de Cochabamba; la
intervención de la sede sindical de la Federación Especial de
Campesinos del Trópico de Cochabamba, con la detención de mas de
60 campesinos; la inminente inauguración de una nueva "unidad militar"
en el Chapare y otros operativos combinados de UMOPAR, la Policía
Ecológica, DINACO y DIRECO contra mercados primarios de coca y la sede
sindical de Chipiriri.
- No obstante, el deseo de complacer a los EE.UU. para obtener fondos no
había sido privativo de altos funcionarios de gobierno. El Fiscal
General de la República, ante la fuerte indignación publica,
anuncio la suspensión del "bono" que el gobierno norteamericano pagaba a
30 fiscales de sustancias controladas. En un destacable caso de "interés
compartido", dichos fiscales recibían un monto que superaba los $US
1.200.
- Contrastando con la línea gubernamental, las filas de cocaleras -
-
y
otros-
-
en huelga de hambre se incrementaron. Al mismo tiempo, creció el coro
demandando una revisión de la Ley 1008 y el respeto a los derechos
humanos.
La resistencia a la imposición represiva contó también
con el aliento del Nuncio Apostólico, monseñor Giovani Tonucci,
quien pidió a EE.UU. que abandone su "doble moral" en la lucha contra el
narcotráfico en Bolivia.
- CITAS "INCITABLES": Responsabilidad compartida= EE.UU. propone, el gobierno
dispone ... ¿y la ciudadanía repone?
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