Mientras el problema de fondo, para los cocaleros, es la extrema pobreza como afirma el diputado Juan del Granado, la motivación gubernamental para acabar con los cultivos del Chapare bien puede ser otra. Así lo indica el interés de la empresa privada, impaciente de que se apruebe una Ley de inversiones para el Chapare. No sabemos con que objeto se plantea una legislación especial para una región del país donde ya existen suficientes personas llevando a cabo actividades productivas. Por otra parte, el entusiasmo erradicador sigue desembocando en violaciones impunes a los derechos humanos. Así lo constato la nueva Comisión Interinstitucional de Derechos Humanos en un viaje al Parque Isiboro-Secure, Villa 14 de Septiembre, Villa Victoria y Villa Tunari.
Finalmente, siguen proliferando esta semana las acciones conjuntas antidrogas. Desde la creación de un Centro Andino de Inteligencia antidroga, hasta la primera reunión del Grupo Operativo de Alto Nivel impulsado en la VIII Cumbre Presidencial Andina de Trujillo en marzo pasado. A esto se suma la OEA, con la aprobación de nuevas medidas conjuntas contra el narcotráfico y el terrorismo. El fortalecimiento de las normas jurídicas regionales en torno a estas áreas, según los críticos, sobrepasa con mucho, la amenaza que se combate. Además, ignora los peligros de socavar las libertades ciudadanas, como lo hicieron ya, por medio del terrorismo de Estado, los gobiernos dictatoriales en las guerras sucias contra la "subversión".