Sin duda con alguna anticipación de apoyo externo de cara a las elecciones de 1997, el ex dictador General (r) Hugo Banzer se declaro partidario de la mayor intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, la inauguración de un nuevo centro de entrenamiento internacional en Chimore, dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, es un paso mas en la paulatina expansión de las acciones conjuntas entre entidades policiales y militares del hemisferio. Esto tiende a confundir papeles y militariza las tradicionales funciones policiales de mantenimiento del orden jurídico interno.
Paradójicamente, los países del Grupo de Río, buscando mantener una posición conjunta contraria a las políticas unilaterales de Washington, favorecen también una estrategia antidrogas continental basada en la responsabilidad colectiva y la defensa de la democracia. Parece que el énfasis en la responsabilidad compartida es una manera de "asegurar" apoyo económico estadounidense cosa difícilmente separable del proceso de "certificación". La priorización de la defensa colectiva de la democracia también coincide con la política de Washington, en la medida en que esta defensa venga acompañada de una "ampliación del mercado". Si el enemigo es identificado como el narcotráfico y el terrorismo, como lo hace la OEA bajo impulso norteamericano, difícilmente se podrá ignorar los requerimientos estadounidenses en el campo operativo de la defensa colectiva y , por extensión, con respecto a la política económica (de índole neoliberal).
La omnipresencia estadounidense se advierte también en las visitas de personal de USAID al Chapare y la posible injerencia de la embajada y la DEA en el nombramiento del fiscal Jorge Romano en el cargo de juez antidroga. Por su parte, legisladores colombianos criticaron la intromisión estadounidense en el proceso a Samper, recordando que no se vive ya en la época del "colonialismo". Con la reiterada postura del Grupo Político para el Control Internacional de Narcóticos del Senado norteamericano en el sentido de que "todas las drogas que se consumen en Estados Unidos son producidas afuera", no se avisora ningún cambio en la línea dura y "colonial" de Washington.