Habría que repensar el costo económico de la erradicación y lo que se podría hacer con ese dinero. Habría que considerar también el costo humano que conlleva una política represiva en un marco legal cuestionable. Un nuevo informe de Human Rights Watch/Américas denuncia que existen graves violaciones a los Derechos Humanos en la región del Chapare. El informe anual de Amnistía Internacional ratifica las mismas acusaciones.
Por otro lado, la mano de los Estados Unidos se manifiesta repetidamente como la principal fuerza propulsora de una guerra sucia al interior de la Guerra a las Drogas. Según acusaciones del Secretario Ejecutivo del gobernante MNR, la supuesta "mano negra" oficialista que digitó el proceso judicial boliviano de los narcovínculos --y la excarcelación injustificada del dirigente del MIR Oscar Eid-- es en realidad la "mano blanca" de los Estados Unidos y en particular la mano del ex embajador Robert Gelbard.
Los Estados Unidos, no contentos con la certificación y los ultimatums se abocan ahora, a través de la DEA, a la investigación de los "narcomilitares" peruanos, cuyas actividades delictivas se extendieron hasta el edecan presidencial. Esto no impide, sin embargo, que el presidente Fujimori acuse a los países consumidores por seguir importando drogas. Por la vía de los hechos, también Panamá se hace "copartícipe" en esta guerra continental: fuerzas del Comando Sur estadounidense fueron debidamente autorizadas a sobrevolar el Darien, zona limítrofe con Colombia. En este ultimo país, descertificado y bajo la advertencia de consecuencias desagradables si Samper es absuelto, se construyen nuevas bases militares "antidrogas" con el apoyo de Estados Unidos. Por si fuera poco, el mismo Contralor General de Colombia, David Turbay, denuncio que fue "invitado a conspirar" contra su gobierno por portavoces de la embajada norteamericana. Cuatro conclusiones básicas: